Madrid afronta una transformación en la gestión de residuos de construcción y demolición. Desde 2024 la demolición selectiva y la separación mínima en obra son obligaciones legales, lo que obliga a contratistas, administraciones y promotores a organizar servicios integrales capaces de gestionar trazabilidad, seguridad y valorización.
En este contexto, los servicios integrales de demoliciones y derribos en Madrid combinan actividad técnica, cumplimiento normativo y objetivos de economía circular. La oferta local se apoya en infraestructuras públicas de tratamiento, normativa autonómica actualizada y manuales técnicos que facilitan el uso de áridos reciclados en obra.
Marco legal y obligaciones para RCD
La Ley 7/2022, de 8 de abril, obliga a la clasificación en origen de los residuos de construcción y demolición y establece que la demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024. Esta disposición ha sido clave para cambiar procedimientos en obra y contratos.
Además, el Real Decreto 105/2008 regula la producción y gestión de RCD y exige incluir en los proyectos un estudio o plan de gestión de residuos, inventario de residuos peligrosos en demoliciones y la entrega de RCD a gestores autorizados. Esos documentos deben recoger la separación mínima por fracciones: madera; minerales (hormigón, ladrillo, cerámica, piedra); metales; vidrio; plástico; yeso.
En el plano autonómico, el Decreto 110/2024 de la Comunidad de Madrid definiendo categorías técnicas de áridos reciclados (ARHe, ARH, ARMh, ARMc, ARC, ARMa) facilita el marcado CE y la trazabilidad. La convergencia entre leyes estatales y decretos autonómicos obliga a los servicios integrales a incorporar requisitos técnicos y documentación detallada.
Qué incluyen los servicios integrales de demoliciones
Los servicios integrales en Madrid abarcan demoliciones totales, parcelarias y selectivas; desescombrado; retirada y transporte de escombros; tratamiento y comercialización de áridos reciclados; y, cuando procede, desamiantado con inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y planes de trabajo específicos.
La oferta profesional suele integrar también coordinación de seguridad y salud, estudios de seguridad y prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995 y normas de ejecución como el RD 1627/1997. Esto es habitual en contratos municipales y privados de cierta envergadura.
Empresas locales como Coty Demoliciones o Tiangocom ofrecen paquetes completos que combinan obra, gestión documental, entrega a gestores autorizados y suministro de áridos reciclados con marcado CE, respondiendo así a la demanda de trazabilidad y cumplimiento normativo.
Gestión, trazabilidad y marcado CE
La trazabilidad es un requisito central: los productores y poseedores de obra deben evitar vertidos ilegales y garantizar albaranes, certificados de entrega y documentación que pruebe la correcta gestión de RCD. Las sanciones y responsabilidades administrativas por gestión incorrecta han elevado la demanda de servicios con control documental exhaustivo.
Los complejos públicos de clasificación y tratamiento ubicados en Navalcarnero, El Molar y Arganda realizan recepción, clasificación, trituración y cribado, además de facilitar el marcado CE de áridos reciclados. Esto asegura cadena de custodia y cumplimiento técnico según Decreto 110/2024.
El impulso al marcado CE y a la trazabilidad facilita la venta de áridos reciclados para obra pública y privada. Manuales como el Manual AGESMA de Aplicaciones de Áridos Reciclados, adaptado al Decreto 110/2024, sirven de guía técnica para especificar usos y minimizar dudas técnicas.
Infraestructura pública e inversiones
La Comunidad de Madrid ha invertido en mantener y operar plantas públicas de RCD. En diciembre de 2025 se autorizó una inversión de 4.904.103 euros para garantizar la gestión en 2026 y optimizar la valorización, con metas de recuperación por encima del 70% en los vertidos tratados.
Estas instalaciones permiten responder al volumen significativo de RCD generado por la región y facilitan servicios integrales que combinan demolición y valorización. La infraestructura pública refuerza controles ambientales y la trazabilidad exigida por la normativa.
Además, el Ayuntamiento de Madrid formalizó el 6 de junio de 2024 un Acuerdo Marco para obras de reforma, conservación y demolición por importe adjudicado aproximado de 218,32 millones de euros, lo que evidencia un volumen público importante que requiere operadores capaces de gestionar proyectos integrales y sostenibles.
Seguridad, amianto y responsabilidades laborales
La retirada de amianto está regulada por el Real Decreto 396/2006 sobre trabajos con riesgo de exposición al amianto; las empresas deben inscribirse en RERA y tramitar planes de trabajo específicos. Este requisito es imprescindible en muchos derribos y rehabilitaciones antiguas.
Paralelamente, la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a realizar estudios de seguridad, planes de coordinación, formación del personal y control documental. Los contratos integrales suelen incluir cláusulas que exigen niveles de seguridad y recursos preventivos certificados.
Las responsabilidades del productor y del poseedor de la obra ante una gestión deficitaria de RCD son reales y conllevan multas y fianzas. Por eso los servicios integrales incorporan seguros, certificados y garantías de trazabilidad para reducir el riesgo regulatorio.
Mercado local, ejemplos y cifras
El mercado madrileño cuenta con proveedores que ofrecen desde derribos selectivos hasta tratamiento y venta de áridos reciclados. Empresas como Coty Demoliciones y Tiangocom son ejemplos de oferta integral que cubre toda la cadena de valor en la Comunidad de Madrid.
La relevancia del sector queda también reflejada en grandes contratistas: grupos constructores como Ferrovial reportaron 2.234.374 toneladas de materiales reutilizados en 2024, mostrando cómo la valorización de RCD ya forma parte de las memorias de sostenibilidad y de las prácticas de obra.
En lo municipal, expedientes y licitaciones recientes , por ejemplo la demolición del Complejo Dotacional El Pilar en 2024, demuestran la demanda de servicios especializados y la necesidad de operadores que combinen capacidad técnica con cumplimiento normativo y trazabilidad.
Retos, oportunidades y tendencias
Los informes técnicos y jornadas sectoriales (AGESMA, RETEMA, Residuos Profesional) señalan que la magnitud del flujo de RCD en España , con ejemplos como 37,1 millones de toneladas en 2021, exige acelerar la economía circular en demoliciones y obras. La meta de valorización superior al 70% impulsa la innovación en tratamiento y usos de áridos reciclados.
El Decreto 110/2024 y el Manual AGESMA facilitan la confianza técnica necesaria para que los áridos reciclados se utilicen ampliamente. Como afirmó Manuel Salas de CEMOSA en una jornada técnica en Madrid: «¿Dónde se pueden usar los áridos reciclados? En los mismos lugares que los naturales.» Esta cita resume la oportunidad para incorporar materiales reciclados en obra pública y privada.
Sin embargo persisten desafíos operativos: formación de personal, adaptación de especificaciones técnicas en proyectos, logística inversa y coordinación entre agentes. Superar estas barreras permitirá escalar ejemplos piloto y cumplir objetivos municipales y autonómicos hacia 2030.
En definitiva, la prestación de servicios integrales de demoliciones y derribos en Madrid ya no es solo una actividad constructiva: es una pieza clave de la política de residuos y de la transición hacia una economía circular. El cumplimiento de Ley 7/2022, RD 105/2008 y el Decreto 110/2024, junto con plantas públicas y manuales técnicos, permiten diseñar proyectos que priorizan valorización, trazabilidad y seguridad.
Para promotores, administraciones y empresas, la recomendación es trabajar con operadores integrales que demuestren capacidad técnica, inscripción en registros exigidos (como RERA cuando proceda), documentación de trazabilidad y experiencia en marcado CE de áridos reciclados. De este modo se minimizan riesgos regulatorios y se maximiza el valor ambiental y económico de los RCD.
